Estadísticas del Narcotráfico en Catamarca: Gobierno mira para otro lado, Policía no llega, Diputado denuncia, y el pueblo paga las consecuencias

Catamarca, experimenta desde 2018 una explosión en los índices de delincuencia. En los últimos años se registra un aumento de casi todos los tipos de delitos. Tan solo entre 2022 y 2023, el total de denuncias penales creció un 10%: de 25.271 casos atendidos en 2022 a 27.810 en 2023. Los robos, hurtos, agresiones y estafas muestran subas dramáticas. Por ejemplo, los robos aumentaron 5%, las lesiones 9,5%, los hurtos 13% y las estafas escalaron un 55% en un año. La violencia familiar trepó casi un 30% y los abusos sexuales un 44%, indicadores inéditos para la provincia. En 2023 se reportaron 17 homicidios culposos (accidentales), 3 intentos de homicidio y 1 homicidio doloso, mostrando que si bien los asesinatos siguen siendo escasos, el resto de los delitos va en franco ascenso.

No solo los delitos comunes se dispararon: los delitos vinculados al narcotráfico crecieron exponencialmente. Según registros del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último año los casos de tenencia de drogas aumentaron un 371% en Catamarca. Grandes alijos de cocaína y marihuana, antes impunes, son descubiertos con mayor frecuencia, evidenciando la creciente ruta narco por la región. “Narcoambulancias” cargadas con droga, como la interceptada en 2024 con 54 kilos de cocaína, lograron atravesar varios controles antes de ser detenidas en Catamarca. Este caso dejó en evidencia falencias graves: los traficantes simulaban traslados médicos de emergencia para pasar cargamentos millonarios de cocaína, lo que desató indignación pública. Las propias estadísticas oficiales confirman la tendencia: en 2023, Catamarca realizó 172 operativos antidroga, pero en 2024 la cifra saltó a 354 operativos, más del doble en solo un año (según datos policiales). El narcotráfico penetró con fuerza en la provincia, alimentando una ola delictiva sin precedentes.

Dirigentes de la oposición acusan al gobierno provincial de inacción e incluso complicidad con el narcotráfico. El caso más resonante es el del diputado provincial Hugo Ávila, quien lanzó denuncias explosivas contra la cúpula de Seguridad. Ávila llegó a afirmar que “el principal cartel de droga en Catamarca es el Ministerio de Seguridad”, responsabilizando directamente a la ministra Fabiola Segura por el auge narco. “Considero que la ministra de Seguridad es la principal responsable del crecimiento del narcotráfico en la provincia”, declaró ante la prensa al ratificar una denuncia penal en Fiscalía Federal. Sus acusaciones incluyeron detalles escalofriantes: según Ávila, la cartera de Seguridad permitió el ingreso de al menos 20 ambulancias en “clave roja” provenientes de Salta –simulando emergencias médicas–, de las cuales una fue descubierta con 54 kilos de cocaína. “Multipliquemos 54 por 20”, desafió el legislador, sugiriendo que unas 1.080 kilos de cocaína habrían atravesado el territorio con aparente connivencia oficial.

Ávila formalizó sus dichos presentando una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Segura. Le achaca haber “permitido” el florecimiento de bocas de expendio de droga al no aplicar la Ley provincial 5.429 de Seguridad Pública, que ordena crear consejos barriales para denunciar puntos de venta de estupefacientes. Incluso tildó al Ministerio de Seguridad de ser “la principal boca de narco” de la provincia, profundizando la polémica. Estas denuncias, inéditas por su dureza, generaron un cimbronazo institucional: la Justicia Federal citó de urgencia al diputado para que aportara pruebas de sus graves afirmaciones.

Las repercusiones políticas fueron inmediatas. La ministra Segura, acorralada por las acusaciones, tuvo que salir a dar explicaciones públicas tras meses de silencio. “Estamos a total disposición de la Justicia”, se defendió. Segura celebró que el legislador haya sido citado a declarar –dando a entender que deberá probar sus dichos–, e insistió en que su Ministerio colabora con todas las investigaciones. Pese a los reclamos opositores, la ministra logró evitar hasta ahora varios pedidos de interpelación en la Legislatura provincial que buscaban exigirle respuestas cara a cara. Sin embargo, la presión política y social va en aumento: la ciudadanía, alarmada por la ola de delitos, exige soluciones y transparencia.

Detrás de la crisis subyace un férreo enfrentamiento político. La Unión Cívica Radical y otros sectores denuncian que el gobierno peronista de Raúl Jalil miró para otro lado mientras el narcomenudeo echaba raíces. Para la oposición, la administración peronista –en el poder desde 2011– no solo falló en frenar la inseguridad, sino que podría estar entrelazada con el delito a través de policías corruptos y encubrimientos. Ejemplos no faltan: recientemente, un sargento de la policía provincial fue detenido e imputado por integrar una banda narco que operaba en Catamarca. Ya en 2023 se habían detectado efectivos viajando con droga (un policía fue sorprendido transportando 300 gramos de marihuana en su vehículo). Estos casos alimentan la sospecha de una infiltración narco en las fuerzas de seguridad, algo que la oposición atribuye a la falta de control político e incluso a cierta connivencia.

La propia ministra Segura carga con sombras que debilitan al oficialismo. Su gestión quedó manchada cuando salió a la luz que uno de los jefes de una banda criminal era primo hermano suyo, detenido por un violento asalto. Peor aún, dicho familiar quedó absuelto tras pagar 8 millones de pesos –evitando una posible condena de 6 a 15 años–, un fallo escandaloso. A esto se suma el resonante crimen del exministro Juan Carlos Rojas (Desarrollo Social): Rojas fue asesinado a fines de 2022 y su muerte sigue impune; la familia denunció que en las primeras horas Segura les pidió “que no dijeran nada” sobre lo ocurrido, alimentando sospechas de encubrimiento. Más de dos años después, el caso sigue sin aclararse y la ministra nunca explicó públicamente su accionar. Estos episodios han erosionado la credibilidad del gobierno peronista en materia de seguridad, dándole a la sociedad ganas de exigir un cambio de rumbo urgente.

Paradójicamente, Catamarca aún figura estadísticamente entre las provincias más seguras en términos de homicidios, pero la comparación es engañosa. En 2022-2023 registró solo 14 víctimas de homicidio doloso, situándose con la tercera tasa más baja del país (detrás de Tierra del Fuego, con 7, y La Pampa, con 13). Esto contrasta brutalmente con provincias azotadas por la violencia narco como Santa Fe, que en solo un año sufrió 805 asesinatos, o Buenos Aires, que superó los 1.500 homicidios anuales. A simple vista, Catamarca parecería un oasis de paz frente a esos flagelos. Sin embargo, la realidad subyacente es preocupante: la provincia está experimentando un salto explosivo en el delito organizado y la criminalidad cotidiana, partiendo de cifras bajas pero creciendo a ritmo acelerado. Mientras Santa Fe batalla con sicarios y mafias consolidadas, Catamarca lidia con el avance silencioso pero firme del narcomenudeo, la corrupción policial incipiente y un aumento de robos y asaltos que ha roto la calma de nuestra sociedad.

El contexto regional ayuda a dimensionar el problema. El noroeste argentino se ha vuelto corredor del tráfico de drogas que ingresa desde Bolivia y Paraguay, afectando a provincias limítrofes como Salta y Jujuy. Catamarca, aunque fuera del radar histórico del narco, se ha convertido en ruta alternativa hacia los grandes centros urbanos del país. Los cargamentos de marihuana y cocaína que cruzan por sus caminos hoy encuentran un mercado local en expansión y, peor aún, redes de protección que aprovechan debilidades institucionales. Así, la crisis catamarqueña refleja en miniatura la problemática nacional: un aumento del narcotráfico que desborda a las provincias más pequeñas y pone a prueba la capacidad del Estado para dar respuestas coordinadas.

En definitiva, Catamarca vive una coyuntura de inflexión. Los números récord de delitos y la creciente audacia del crimen organizado han encendido todas las alarmas. A la par, el tema se politizó al máximo: radicales y peronistas se cruzan acusaciones en un juego de reproches mutuos, mientras la inseguridad golpea sin distinguir colores partidarios. En las calles catamarqueñas, la sensación de inseguridad dejó de ser “solo una sensación” –como remarcan los hechos recientes– para convertirse en una cruda realidad cotidiana. La provincia que solía jactarse de su paz ahora clama por soluciones urgentes. La pregunta que sobrevuela es si sus líderes estarán a la altura para frenar la escalada, o si Catamarca seguirá el trágico camino de otras regiones tomadas por el narcotráfico.