Catamarca: la megaestafa institucional que sacude la provincia
Sociedad27/03/2025
Redacción Realidad Catamarca
La provincia de Catamarca atraviesa uno de los capítulos más oscuros y escandalosos de su historia reciente, al descubrirse una red criminal integrada por funcionarios públicos, policías, abogados y sindicalistas que se dedicaban al robo sistemático y fraudulento de propiedades. El entramado corrupto operaba desde organismos clave como la Dirección General de Catastro, Registro de la Propiedad, Arcat, Fiscalía de Estado, Poder Judicial y altas esferas de la Policía y el Ministerio de Seguridad, demostrando que la corrupción no era casual, sino estructural y planificada desde el propio Estado.
Entre los principales detenidos están Mario Rodrigo Del Campo, hijo de un ex diputado provincial; Grisel Rocío Gordillo, funcionaria de Fiscalía de Estado; José Wilfer Vega, referente sindical gastronómico; Gastón Darío Agulles, reconocido prestamista con antecedentes penales graves; y Denis Nieva Chayle, oficial principal de la Policía Provincial que cumplía tareas de inteligencia criminal.
La investigación reveló un modus operandi sofisticado y perverso: seleccionaban víctimas aprovechando información privilegiada de Catastro y el Registro de la Propiedad, armaban juicios fraudulentos evitando notificar a los legítimos propietarios, y con colaboración policial ejecutaban embargos y secuestros sorpresivos de propiedades y vehículos, que luego remataban a precios ínfimos.
Uno de los casos más resonantes involucra a una familia del departamento Valle Viejo, que perdió su vivienda luego de un proceso judicial del que nunca fueron informados. Al llegar una tarde, encontraron un nuevo dueño instalado en su hogar y una orden judicial que legitimaba lo que ellos califican como "una estafa perversa con sello oficial".
La conmoción social es profunda. Desde la oposición, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, expresó con contundencia:
El escándalo de la 'banda de usurpadores' parece tener ramificaciones insospechadas. Catastro, Registro de la Propiedad, Arcat, Fiscalía de Estado, Poder Judicial, altas esferas policiales y el propio Ministerio de Seguridad figuran entre los organismos hasta ahora investigados por cobijar una banda que literalmente a través de estafas procesales se quedaban con las propiedades de incautos ciudadanos de a pie.
Mientras tanto, vecinos y ciudadanos afectados comienzan a organizarse para exigir justicia. En varios departamentos de la provincia se convocaron protestas espontáneas frente a oficinas judiciales y dependencias públicas, clamando por respuestas inmediatas y el fin definitivo de esta corrupción institucionalizada.
Este escándalo podría marcar un antes y un después en Catamarca. Es la hora de enfrentar y desterrar para siempre la corrupción estructural que ha hundido a la provincia en la inseguridad jurídica y el despojo.
