Catamarca tiene más empleados públicos que empresas activas: una economía atada al gasto estatal

A nivel nacional, el gobierno del presidente Javier Milei ha trazado una estrategia económica centrada en la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal y el estímulo al sector privado como motor del crecimiento. “No se puede vivir gastando más de lo que entra”, ha repetido en múltiples oportunidades el jefe de Estado, en línea con su objetivo declarado de eliminar el déficit y alcanzar superávit financiero.

El contraste con Catamarca es evidente. Mientras a nivel federal se recorta el tamaño del Estado y se busca dinamizar la actividad privada, la estructura provincial se sostiene sobre una lógica inversa: más empleo público, más dependencia de fondos nacionales y una presión impositiva elevada sobre un sector privado cada vez más reducido.

En términos fiscales, Catamarca no solo carece de superávit: ni siquiera tiene autonomía financiera. Su capacidad de recaudar y sostener servicios por cuenta propia es extremadamente limitada, y el presupuesto provincial depende casi en su totalidad de transferencias automáticas desde Nación.

Catamarca figura, además, entre las provincias con mayor proporción de empleo estatal del país. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación y registros de AFIP, más del 50% de los trabajadores registrados dependen directa o indirectamente del Estado. En paralelo, la cantidad de empresas privadas activas no supera las 12.000 y, en muchos rubros, muestra una tendencia a la baja.

En departamentos del interior como Belén, Santa María o Andalgalá, la relación entre estatales y empleo privado llega a superar los tres a uno. Es decir, hay más personas cobrando sueldos públicos que emprendimientos funcionando con inversión genuina. Esta disparidad, lejos de ser un problema coyuntural, expresa un modelo económico consolidado: el del Estado como principal fuente de ingreso y de empleo, frente a un sector privado debilitado, asfixiado y sin condiciones reales para expandirse.

La estructura económica provincial funciona sobre una matriz de financiamiento casi completamente externa. Más del 80% del presupuesto de Catamarca proviene de transferencias nacionales. Sin una base productiva sólida, la economía no gira en torno a la creación de valor, sino al gasto público.

El aparato estatal continúa ampliándose sin mejoras equivalentes en servicios, ni en resultados visibles en infraestructura, salud o educación. Al mismo tiempo, el empleo público absorbe gran parte de la demanda laboral, especialmente entre jóvenes, mientras que el trabajo privado formal cae, se informaliza o directamente migra.

Entre las consecuencias visibles se destacan:

• La pérdida de cultura emprendedora.
• La presión impositiva sobre un número cada vez menor de contribuyentes reales.
• La falta de innovación o diversificación productiva.
• La migración constante de profesionales y técnicos que no encuentran desarrollo local.
• El estancamiento del consumo fuera del circuito estatal.

Mientras provincias vecinas diversifican su economía con polos industriales, turismo, tecnología o agroexportación, Catamarca sigue anclada a un esquema donde el Estado administra no solo el dinero, sino también la estabilidad, la obra pública, y el rumbo de la vida cotidiana.

La situación no es nueva, pero sí cada vez más difícil de revertir. Las restricciones estructurales (logística, energía, conectividad), sumadas a la carga tributaria y la falta de estrategia productiva, desalientan cualquier inversión privada que no esté vinculada al sector público.

La discusión sobre el rol del Estado en Catamarca no necesita más matices diplomáticos. Es hora de decirlo con claridad: un Estado que concentra empleo, recursos y decisiones sin generar condiciones reales para el crecimiento privado, no es parte de la solución. Es el corazón del problema.

No se trata de "equilibrar" su presencia. Se trata de desarmar una estructura político-partidaria que, desde hace décadas, administra pobreza, reparte cargos y consolida una cultura de dependencia para sostenerse en el poder. En Catamarca, esa lógica no solo se naturalizó: se institucionalizó.

La provincia está diseñada para no producir, para no competir, para no crecer. Está pensada para que todo pase por el Estado y, por lo tanto, por quienes lo manejan. Esa red de control disfrazada de administración pública convirtió al mérito en amenaza y al ciudadano en rehén.

Sin un cambio profundo en el modelo, Catamarca seguirá dependiendo del financiamiento nacional para sostener su funcionamiento. Pero esa dependencia tiene un costo alto: menor autonomía política, escaso desarrollo económico real y una ciudadanía sin movilidad social genuina.

El problema no es técnico. Es político. El atraso es funcional.
Y quienes gobiernan Catamarca lo saben perfectamente: mantener el statu quo es la forma de garantizar su poder.