La pregunta incomoda porque la respuesta, duele. Lo que debería ser el poder independiente que garantiza derechos y equilibra a los otros poderes, en Catamarca se ha convertido en una aristocracia de togas, blindada por vínculos políticos y ajena a la urgencia de la sociedad.
El resultado es un sistema que no ofrece certezas ni confianza. Una justicia que llega tarde o nunca, que se blinda a sí misma y que parece más diseñada para administrar impunidad que para repartir justicia. Lo que existe en Catamarca es un feudalismo jurídico: ciudadanos de primera y de segunda según sus apellidos, expedientes que avanzan o se congelan según el poder de los involucrados.
El Poder Judicial ha dejado de ser un órgano de control para transformarse en un órgano de connivencia. Se ha fracturado el principio de imparcialidad, se ha erosionado el deber de independencia y se ha traicionado la misión esencial de la magistratura, que no es conservar privilegios sino hacer efectiva la ley. En Catamarca, la dogmática jurídica no se aplica para garantizar derechos, sino para justificar silencios. Los jueces invocan solemnemente el artículo 18 de la Constitución, pero olvidan que detrás de cada expediente hay una persona que espera justicia.
Lo que impera es el corporativismo judicial, ese mecanismo perverso en el que los magistrados se protegen entre sí, apelando a tecnicismos procesales y formalismos vacíos para encubrir omisiones flagrantes. La teoría del “autogobierno judicial” se ha transformado en una coartada para la opacidad, un manto que cubre la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas. La independencia, tan declamada, se ha convertido en un concepto de papel: se invoca para rechazar críticas ciudadanas, pero nunca para resistir presiones políticas.
Y lo más grave no es solo lo que hacen, sino lo que dejan de hacer. La omisión se ha transformado en la técnica favorita del poder judicial catamarqueño. Dejar prescribir causas, acumular polvo en los expedientes, posponer indefinidamente audiencias: ese es el nuevo “modo de producción” de la impunidad. El silencio administrativo es la coartada; la inacción procesal, la estrategia. Y cada demora injustificada no es una casualidad: es una decisión política disfrazada de trámite judicial.
La dogmática enseña que la justicia debe ser “pronta, cumplida y efectiva”. Aquí es lenta, incompleta y estéril. La doctrina constitucional nos recuerda que los jueces son “guardianes de la Constitución”. Aquí son guardianes de sus propios privilegios. Se llenan la boca hablando de imparcialidad, pero aplican la ley con una lógica de casta: dura con los débiles, blanda con los poderosos.
El andamiaje judicial de Catamarca se ha convertido en una oligarquía de togas, un círculo cerrado donde el mérito no importa y la responsabilidad se diluye. La toga, símbolo de rectitud, se ha degradado a uniforme corporativo. La Corte ya no es tribunal de justicia: es tribunal de conveniencia. Y cada fiscal que calla, cada juez que demora, cada ministro que mira para otro lado, es cómplice de una maquinaria que fabrica desigualdad y administra impunidad.
Pero que quede claro: no se trata de errores aislados ni de simples falencias. Lo que hay en Catamarca es un sistema institucionalmente programado para fracasar en su misión esencial. Un Poder Judicial que no juzga, sino que negocia. Que no defiende a la sociedad, sino que se protege a sí mismo. Que no busca la verdad, sino que acomoda verdades parciales según el viento político de turno.
Estamos frente a un poder que ha renunciado a su deber republicano y ha elegido el camino más cómodo: la subordinación encubierta. La teoría política llama a esto “captura institucional”: cuando un organismo creado para controlar se convierte en brazo auxiliar del poder al que debía vigilar. Esa es hoy la Justicia de Catamarca, un apéndice funcional del Ejecutivo, una escribanía solemne que legitima lo ilegítimo.
La comunidad jurídica podrá citar tratados, invocar jurisprudencia o redactar acordadas; pero detrás de esa retórica se esconde un dato brutal: la justicia no funciona. No es una opinión, es un hecho. Basta mirar el cementerio de causas que duermen en los tribunales, la impunidad de funcionarios intocables, la demora crónica que convierte cada reclamo en una burla.
Porque cuando un juez demora, no está siendo prudente: está negando justicia. Cuando un fiscal calla, no está siendo objetivo: está pactando con el poder. Cuando una Corte se encierra en su propio corporativismo, no está garantizando independencia: está consagrando desigualdad. El derecho enseña que “justicia retardada es justicia denegada”. En Catamarca, la justicia no solo se retarda: se manipula, se acomoda y se distribuye según conveniencia. Eso ya no es una falla institucional: es una traición constitucional.
Escribo esto con veintitrés (23) años, desde la indignación de un ciudadano que se cansó de la farsa. Hablo desde la misma impotencia que siente cada catamarqueño cuando ve que los poderosos hacen de la justicia un negocio privado. Soy simplemente un joven que entendió demasiado pronto que en esta provincia la justicia no existe, que se esconde tras papeles y formalismos para tapar la podredumbre de un sistema que se alimenta de nuestra resignación. Pero yo no me resigno. Yo no acepto la mentira elegante de las togas ni el silencio cómplice de los despachos. Yo describo la realidad: esto es una farsa, y las farsas siempre caen.
Porque lo que vivimos en Catamarca no es un mal funcionamiento: es un plan. Es un poder que renunció a su deber y eligió venderse al mejor postor. Nos condenaron al atraso, nos encadenaron al miedo, nos quisieron convencer de que nada cambia. Pero la historia enseña algo que ellos olvidaron: todo poder ilegítimo termina cayendo, y siempre cae cuando la gente común se levanta.
Yo escribo desde la juventud, pero también desde la rabia. Una rabia limpia, justa, la que nace cuando ves la realidad de tu provincia. Y esa rabia, cuando se organiza, no se apaga. Esa rabia, cuando se convierte en cultura, en palabra, en acción, es más fuerte que cualquier tribunal blindado.
Te lo digo a vos que estás leyendo. A vos que alguna vez pensaste que no valía la pena denunciar, porque todo se encajona. A vos que viste cómo un apellido poderoso torció un fallo mientras vos esperabas años. A vos que creíste que la justicia era un derecho, pero descubriste que en Catamarca es un privilegio. No estamos solos, no estamos vencidos: somos más, y nuestra voz pesa más que su silencio.
La toga que ellos usan para cubrir su impunidad será su propio sudario. Los muros de los tribunales, que hoy se levantan como fortalezas de casta, serán derribados por la verdad que late en cada ciudadano harto de ser engañado. Y cuando ese día llegue, cuando la farsa caiga, no recordaremos sus nombres, sino el coraje de quienes se atrevieron a decir basta.
Lo dijo Rudolf von Jhering, padre de la lucha por el derecho: “El fin del Derecho es la paz, el medio para alcanzarla es la lucha.” Si en Catamarca la justicia ha renunciado a ser derecho, entonces nos queda la lucha: la lucha cívica, la lucha cultural, la lucha moral de un pueblo que no acepta seguir arrodillado.
Esa es mi propuesta, una lucha cultural que nace en cada ciudadano que decide dejar de callar. Porque detrás de cada expediente encajonado hay un catamarqueño humillado. Detrás de cada demora está la violación de un derecho. Y detrás de cada juez complaciente se esconde la mano invisible de un poder que jamás quiso ser controlado.
Pero ninguna farsa dura para siempre. La historia lo recuerda, y lo recordará también en Catamarca.
