La policía debería ser sinónimo de autoridad y previsibilidad, quien previene, quien cuida, quien llega primero cuando todo se rompe. En cambio, demasiadas veces es noticia por salarios que corren atrás de la inflación, equipamiento que envejece a la intemperie, jubilaciones que no “enganchan” como corresponde y operativos ordenados con criterio político antes que profesional. Esa fragilidad no cayó del cielo, es el resultado de una forma de gobernar. Durante las gestiones peronistas de Saadi, Raúl Jalil y Lucía Corpacci, la fuerza fue tratada como brazo de circunstancia útil para el acto, para el corte de ruta, para la foto y no como el pilar institucional que sostiene la paz social todos los días, a toda hora.
La línea de tiempo es terca. En 2013, la crisis salarial estalló, acuartelamientos, irrupción en Casa de Gobierno, intervención federal. El básico ofrecido quedaba ridículo frente al costo de vida. Doce años después, el libreto se repite con otros números, autoconvocados activos y retirados presionando para llevar el básico a cifras que, entre bonos y parches, apenas empatan la góndola. Hoy el “mínimo garantizado”, que la Provincia recalibra cada tantos meses, luce más a salvavidas de plomo que a política seria, llega tarde, no ordena la escala (los rangos intermedios se aplanan) y no repara la movilidad jubilatoria. El retirado que cobró su desgaste físico y mental con 25 o 30 años de calle, depende de que al activo le vaya bien, si al activo lo planchan, al retirado lo condenan. ¿Resultado? Gente con treinta inviernos de patrullero haciendo changas para completar la canasta.
El equipamiento cuenta otra versión de la misma historia. Hubo “paquetes” de móviles y chalecos anunciados con sirenas, sí, pero sin un plan de mantenimiento, las camionetas se volvieron donantes de repuestos, los chalecos se vencieron y las radios se perdieron entre depósitos, compras erráticas y sumarios que siempre parecen terminar en nada. Bomberos de la Policía denunciaron trajes estructurales con más de dos décadas encima y compresores fuera de norma, en cualquier estándar serio, inadmisible. La infantería y las unidades tácticas entrenan, pero el parque de comunicaciones sigue anclado en tecnologías analógicas. Modernizar no es “sacar una foto con un patrullero 0 km”, es garantizar combustible, cubiertas, repuestos, logística y un sistema de compras que no se coma medio presupuesto en intermediarios.
La dotación, además, no cierra. Catamarca ha estado por debajo de provincias vecinas en policías por habitante. Ese déficit se siente donde duele, comisarías que cubren territorios enormes, turnos interminables, extras que se pagan tarde y una fatiga operativa que empeora la toma de decisiones. Cuando faltan manos y sobran consignas para eventos políticos o “operativos de control” que molestan al vecino sin mover la aguja del delito, el mensaje interno es devastador, la calle se tapa, no se cuida.
Ahora bien, ¿por qué un gobierno mantendría débil a su policía? Porque una fuerza pobre y subordinada es más dócil. Si el ascenso depende del humor del ministro y el viático del día depende de la caja chica, nadie cuestiona un operativo mal pensado o un uso político de los recursos. Si los sueldos apenas alcanzan y los retirados ruegan por la movilidad, toda negociación paritaria se vuelve un “favor” del poder y no un derecho. Si las radios desaparecen y los patrulleros mueren en el taller, el monopolio de la fuerza queda a salvo en la liturgia del acto, no en la calle real. Es control social por debilidad institucional.
El peronismo local fogoneó, además, un uso instrumental que parte a la sociedad en dos, policía para desalojar asambleas mineras en Andalgalá o Belén, hiperpresencia para blindar visitas oficiales y una policía ausente en prevención cotidiana, resolución de conflictos y patrullaje inteligente de barrio. Se cosecha lo que se siembra, percepción de inseguridad alta en una provincia pequeña, confianza social tibia y moral interna baja. Cuando el vecino deja de respetar el uniforme y el político sólo lo respeta para la foto, perdimos todos.
No alcanza con indignarse. Hay que dar vuelta el tablero con un programa concreto, pro-fuerza y anti-corrupción gubernamental:
1- Sueldo profesional, escala ordenada y movilidad automática. Básico atado a un índice objetivo (inflación + cláusula gatillo bimestral), blanqueo de suplementos, nocturnidad y riesgo, ascensos por mérito medible, no por afinidad partidaria. Para los retirados, movilidad espejo y revisión trimestral por ley.
2- Plan quinquenal de reequipamiento y mantenimiento. Flota auditada, cronograma de renovación (vida útil máxima), talleres tercerizados por licitación abierta y tablero público de repuestos. Radios digitales encriptadas, red TETRA o equivalente y trazabilidad de todo equipo (QR + inventario online). Chalecos con control de vigencia, stock de emergencia y pruebas balísticas periódicas.
3- Profesionalización real. Academia con estándar nacional, reciclaje obligatorio anual, simuladores de tiro y conducción, protocolos “uso proporcional de la fuerza” con evaluación externa. TASER, bodycams y registro íntegro de procedimientos sensibles. Fin de la improvisación.
4- Reforma legal. Derogación de contravenciones.
5- Gobernanza y control que funcionen. Asuntos Internos con autonomía técnica, participación de sociedad civil en un consejo de supervisión y publicación de estadísticas operativas, disciplinarias y de gasto. Defensoría del Policía para frenar aprietes políticos y abusos jerárquicos, y para acompañar a quien denuncia corrupción interna.
6- Seguridad que previene, no que molesta. Rediseño del servicio, patrullaje predictivo, mapas de calor, patrullas de proximidad que resuelvan conflictos vecinales y liberen a las unidades tácticas para lo que corresponde. Menos retenes teatrales, más patrullero donde el delito late.
7- Respeto y reconocimiento. Ninguna sociedad progresa si desprecia a quien la protege. Hay que volver a poner a la policía donde siempre debió estar, al frente del respeto público, con respaldo político, jurídico y social. Un policía que se sienta respaldado actúa mejor, previene más y teme menos. No hay orden posible cuando los que dan la cara cobran menos que los que viven del relato.
8- Depuración institucional y transparencia total. No se trata de defender a todos, sino a los buenos. Separar con firmeza a los corruptos, proteger a los honestos y publicar cada sanción, cada ascenso y cada compra. El poder político debe dejar de esconder su propia podredumbre detrás de uniformes cansados. Menos discursos, más auditorías.
9- Reconciliación con la autoridad. La autoridad no es autoritarismo. Es equilibrio, es respeto, es la columna que sostiene la libertad. Cuando se quiebra esa columna, los vivos mandan, los honestos callan y el ciudadano se encierra. Recuperar la autoridad policial es recuperar la autoestima colectiva.
Catamarca no va a salir adelante con slogans ni con subsidios.
Va a salir cuando vuelva a respetar el uniforme.
Cuando un agente pueda mirar a su familia sabiendo que el Estado lo valora, no que lo usa.
Cuando el poder deje de temerle al orden, porque entenderá que el orden no amenaza, salva.
El peronismo construyó su imperio sobre el caos, necesita pobreza, desconfianza y policías arrodillados para sobrevivir.
Nosotros los liberales, conservadores, patriotas, queremos construir sobre el respeto, la ley y el mérito.
Porque un Estado sin autoridad no es progresista, es impotente.
Y una provincia que desprecia a su policía, está condenada a vivir con miedo.
Como escribió Frédéric Bastiat en La Ley:
“Cuando la ley deja de ser justa, deja de ser ley y se vuelve instrumento del poder.”
La seguridad no es un favor del gobierno, es un derecho del pueblo y una deuda moral con quienes visten el uniforme.
El día que Catamarca vuelva a honrar a su policía, volverá a ser una provincia de pie.
Y ese día, el miedo cambiará de bando.