Argentina evitó durante décadas discutir seriamente un tema incómodo como el de las inmigraciones potencialmente problemáticas. El problema es conocido en la historia política y social: las sociedades que renuncian a debatir a tiempo terminan pagando el costo más adelante.
El islam en Argentina es uno de esos asuntos que casi no se discuten públicamente, no porque no exista, sino porque no mide en encuestas y no genera rentabilidad política. Por esa razón, la dirigencia optó durante años por el silencio.
Sobre la población musulmana en el país no existen datos censales oficiales actuales, ya que el Estado dejó de relevar la variable religiosa hace décadas. Aun así, distintas estimaciones ubican a la población musulmana en cifras superiores a las 900 mil personas. Esta falta de precisión estadística no es un detalle menor. El Estado debe conocer su propia composición social.
La infraestructura islámica en Argentina no está distribuida de manera homogénea. Se concentra, como ocurre con casi todo, en los grandes centros urbanos. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense reúnen la mayor cantidad de mezquitas, centros islámicos y asociaciones religiosas. Allí funcionan instituciones como el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, uno de los complejos islámicos más grandes de América Latina, junto con el Centro Islámico de la República Argentina y mezquitas como Al-Ahmad y At-Tauhid.
También existe presencia en provincias como Córdoba, Tucumán y Santa Fe, regiones con una tradición de inmigración árabe que se remonta a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En contraste, en provincias como Catamarca, la presencia islámica institucional registrada es marginal o prácticamente inexistente, en un contexto donde predomina el cristianismo.
En las últimas décadas se observa un proceso de reafirmación religiosa islámica, con mayor visibilidad cultural e institucional en las principales ciudades del país. Más allá de matices internos, existe un patrón de crecimiento sostenido en entornos urbanos densamente poblados.
La discusión no es teológica. Nadie cuestiona el derecho de una persona a creer, rezar o practicar su religión en el ámbito privado. El problema aparece cuando una religión deja de ser una fe personal y se presenta como un sistema cultural que pretende condicionar la ley civil.
En una república liberal existen principios que no se negocian. El derecho a la vida, la libertad individual, la propiedad privada, la libertad de expresión y la supremacía del Estado de derecho constituyen la base de cualquier sociedad que aspire a ser libre y ordenada. Cuando prácticas culturales o religiosas entran en tensión con estos principios, el conflicto deja de ser simbólico y pasa a ser social e institucional.
Europa ya atravesó este debate y lo hizo tarde. Francia debió legislar para defender su laicidad en escuelas y espacios públicos. El Reino Unido se vio obligado a revisar el funcionamiento de consejos de sharía ante riesgos de abusos y discriminación hacia mujeres. Suecia enfrentó episodios en los que la libertad de expresión chocó con respuestas violentas, generando graves problemas de orden público.
No se trata de demonizar a millones de personas. Se trata de aprender de experiencias concretas donde el multiculturalismo acrítico debilitó al Estado y dejó desprotegidos a los más vulnerables.
Argentina todavía está a tiempo. Precisamente porque aún no enfrenta tensiones de esa magnitud, el debate debe darse ahora, con la cabeza fría y los principios claros. En Argentina manda la Constitución, no la religión.
Cualquier práctica que vulnere derechos básicos debe ser perseguida por la ley, sin excusas culturales ni relativismos morales. La tolerancia no puede convertirse en complicidad.
Defender una inmigración selectiva, ordenada y condicional no es racismo. Es soberanía. Un país serio fija reglas claras. Quien ingresa debe respetar la ley, adaptarse al marco institucional y aceptar consecuencias si lo incumple.
La integración no consiste en exigirle a la sociedad que se adapte al recién llegado. Consiste en exigirle al recién llegado que respete la sociedad que lo recibe.
Entonces, ¿el islam en Argentina es un riesgo? Puede serlo si, como cualquier otro sistema cultural, pretende colocarse por encima de la ley, relativizar derechos básicos o fragmentar la autoridad del Estado.
La diversidad es un valor. La ingenuidad, no. Y una república que renuncia a defender la vida, la libertad y la propiedad, por cobardía política o cálculo electoral, termina perdiéndolo todo.