La política catamarqueña se encuentra degradada institucional, moral y éticamente como resultado de una acumulación de episodios graves protagonizados por dirigentes del mismo espacio político que gobierna la provincia desde hace décadas: el peronismo.
En ese contexto debe analizarse el caso de Ramón Elpidio Guaraz. Exintendente peronista, condenado por abuso sexual, Guaraz no es una figura ajena al poder ni un actor marginal. Llegó a la intendencia bajo el paraguas del peronismo provincial, formó parte de su estructura territorial y ejerció poder político real durante años. Su condena es una sentencia judicial firme por un delito aberrante.
Desde la cárcel, Guaraz realizó declaraciones públicas de extrema gravedad en las que acusó directamente a la exgobernadora Lucía Corpacci y al actual gobernador Raúl Jalil. Según sus dichos, ambos habrían tomado decisiones políticas y desplegado maniobras internas vinculadas a su caída y a su posterior condena. Además, insinuó la utilización de mecanismos de inteligencia y operaciones políticas con el objetivo de silenciarlo.
En un posteo difundido en redes sociales, afirmó que no querían que hablara «de lo que sé» sobre el caso del ministro Juan Carlos Rojas. Según su relato, por orden de la exgobernadora Corpacci y del actual gobernador Jalil, el dirigente peronista Dussó habría convocado al fiscal Palacio para transmitirle instrucciones destinadas a que la causa por la muerte de Rojas fuera encuadrada como “muerte natural”.
Guaraz sostuvo, además, que estuvo presente en la oficina de Dussó cuando se dio esa supuesta orden y que el fiscal habría acudido en menos de diez minutos, recibido las instrucciones y luego se habría retirado. También mencionó la intervención del fiscal Dalla Lasta en ese esquema.
El dato político relevante son las acusaciones, ya que estas no provienen de la oposición, sino de un exintendente peronista que apunta directamente contra la conducción del peronismo catamarqueño. No se trata de una disputa entre oficialismo y oposición:
se trata de dirigentes peronistas acusando a otros dirigentes peronistas de prácticas extremadamente graves.
El caso Juan Carlos Rojas ya había generado un fuerte impacto institucional por las dudas, contradicciones y cambios de hipótesis que rodearon su muerte. Las declaraciones de Guaraz vuelven a colocar ese expediente bajo una luz todavía más delicada, al incorporar la hipótesis de una intervención política directa para direccionar el curso de la investigación.
No va a haber jamás voluntad de cambio, autocrítica o revisión de fondo mientras el status quo se mantenga intacto. Mientras gobiernen Jalil, Corpacci y Saadi, no va a existir ninguna intención real de hacerse cargo de lo que ocurre. Estos dirigentes no se van a hacer cargo de nada porque no les interesa.
Corpacci y Jalil son los principales referentes de un poder que lleva décadas administrando la provincia. Tienen total responsabilidad política por la construcción y el sostenimiento de una forma de gobernar que hoy muestra signos evidentes de desgaste, desorden y degradación ética.
La sociedad catamarqueña observa cómo los propios dirigentes se acusan entre sí de hechos gravísimos, cómo el poder se degrada y cómo los escándalos se acumulan sin respuestas. En la discusión pública está aumentando una demanda clara: un cambio de modelo político.