Poder, dinero y perversión: el caso Jeffrey Epstein

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Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn. Su ascenso comenzó de manera discreta, primero como docente en una escuela privada en Manhattan y luego en el mundo financiero, cuando ingresó al banco de inversión Bear Stearns. Escaló con rapidez hasta convertirse en socio, aunque su salida de la firma, en 1981, quedó envuelta en irregularidades que nunca se explicaron del todo.

A fines de los años ochenta creó su propia empresa de gestión patrimonial, J. Epstein & Co. Desde entonces, su riqueza creció de forma acelerada y opaca. Para los años noventa ya manejaba fortunas multimillonarias de clientes selectos y había construido un patrimonio personal descomunal: mansiones en Nueva York y Palm Beach, un rancho en Nuevo México, propiedades en Europa y una isla privada en el Caribe, Little St. James.

Ese escenario de lujo extremo fue el marco de algo mucho más oscuro. Epstein organizó y sostuvo una red de abuso sexual de menores con una estructura definida, roles claros y mecanismos de encubrimiento que le permitieron operar sin interferencias visibles.

Las primeras denuncias formales surgieron en 2005 en Florida, cuando una menor de 14 años relató haber sido llevada a la mansión de Epstein bajo la promesa de un “masaje” remunerado que terminó en abuso sexual. A partir de ese testimonio comenzaron a aparecer otros relatos con patrones coincidentes, lo que permitió identificar una conducta reiterada.

Un papel central en esta red lo desempeñó Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein. Los testimonios judiciales indicaron que facilitaba el reclutamiento y el control de las víctimas y participaba activamente en los abusos. En 2021 fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, confirmando que no se trató de hechos aislados ni de un accionar individual.

El entorno social de Epstein contribuyó de manera decisiva a su impunidad. Mantuvo vínculos con dirigentes políticos, empresarios y miembros de la realeza que frecuentaron sus propiedades o viajaron en sus aviones privados. Entre los nombres mencionados en distintas investigaciones figuran Bill Clinton y el príncipe Andrew, este último señalado directamente por una de las víctimas. Si bien muchos negaron conocimiento de los delitos, las conexiones documentadas continúan siendo objeto de análisis judicial y periodístico.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la respuesta de la justicia norteamericana. En 2008, pese a la existencia de pruebas contundentes, Epstein accedió a un acuerdo judicial que redujo cargos graves a delitos menores. La condena fue breve, con condiciones privilegiadas e inmunidad para posibles cómplices, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de la justicia.

En 2019, tras una renovada presión pública y mediática, Epstein fue detenido nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores. Enfrentaba una pena severa. Sin embargo, el 10 de agosto de ese año apareció muerto en su celda, bajo custodia del Estado. La versión oficial indicó suicidio, aunque diversas irregularidades en los protocolos de seguridad alimentaron dudas que aún no han sido esclarecidas por completo.

La publicación reciente de nuevos archivos judiciales y documentos vinculados a la causa permitió confirmar lo que las investigaciones ya venían señalando. Testimonios bajo juramento, registros de vuelos, agendas y comunicaciones incorporadas a expedientes oficiales dieron cuenta de la existencia de los abusos y de una red de relaciones que excedía ampliamente a Epstein como individuo.

Lo que surge de ese material no es solo la confirmación de los delitos, sino también la evidencia de omisiones, demoras y decisiones que permitieron que los hechos se prolongaran. Hubo alertas que no fueron atendidas, denuncias que no avanzaron y responsabilidades que nunca se investigaron en profundidad. La muerte de Epstein impidió que muchas de esas preguntas fueran respondidas en un juicio oral. 

El caso Epstein no es solo un relato criminal. Es una reconstrucción documentada de cómo fallas judiciales, acuerdos cuestionables y falta de control permitieron la continuidad de delitos graves. La información hoy disponible deja en claro que no se trató de un hecho imprevisible ni inevitable, sino de una sucesión de decisiones que evitaron avanzar cuando todavía era posible hacerlo.