Triunfo de Luis Caputo: la Justicia avaló la prohibición de incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos

El Ministro de Economía, Luis Caputo, obtuvo un importante respaldo judicial en su disputa con los municipios bonaerenses. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín falló a favor del Gobierno Nacional, rechazando un amparo presentado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, que buscaba frenar la prohibición de incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos.

Esta decisión blinda la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que establece que las empresas de electricidad y gas no pueden actuar como agentes de recaudación de impuestos municipales, evitando que los ciudadanos se vean obligados a pagar costos adicionales en sus facturas.

El fallo judicial ratifica que la prohibición impuesta por Caputo es completamente legal y que los municipios deberán encontrar otros mecanismos para recaudar sus impuestos sin afectar a los usuarios.

"La Justicia avaló la medida del Gobierno Nacional que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos", expresó Luis Caputo en sus redes sociales, destacando que el fallo respalda la defensa del bolsillo de los consumidores y la transparencia en la facturación.

Según la sentencia, la medida del Ministerio de Economía no vulnera la autonomía municipal, ya que los intendentes pueden implementar otros medios para cobrar estas tasas sin trasladarlas a las facturas de servicios básicos.

¿Cómo impacta esta decisión en los usuarios?
✅ Menos cargas en las facturas: Los ciudadanos solo pagarán por el servicio contratado, sin costos extras impuestos por los municipios.
✅ Protección al consumidor: La Justicia reconoció que la inclusión de impuestos municipales en facturas de luz y gas es abusiva y perjudica a los usuarios.
✅ Mayor transparencia: Las boletas de servicios públicos ya no incluirán montos ocultos ni recaudaciones encubiertas por parte de los municipios.

📢 La sentencia otorga a los municipios un plazo de 90 días para implementar un nuevo esquema de cobro de tasas, sin afectar a los consumidores.